Crisis energética costarricense y tendencias en la región

Centroamérica es una región caracterizada, dentro del sector energético, por su gran potencial en energías renovables, principalmente en recursos hidroeléctricos. A su vez, cuenta con reservas de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural, biocombustibles y derivados del petróleo) pero estas representan una pequeña porción de la torta energética regional. Este escenario indicaría que el territorio es autosuficiente y que tiene garantizado el abastecimiento por lo menos en el corto y mediano plazo, pero la realidad es totalmente desalentadora; se importan combustibles fósiles de Latinoamérica y México dando prioridad a la confiabilidad del recurso energético antes que a la inestabilidad del precio del petróleo y sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero (CO₂ fundamentalmente). Por lo tanto son dos los agentes causantes de este escenario desfavorable tanto para la región como para el país en cuestión: los factores económicos y los factores ambientales.

 

Son varios los intelectuales que encuentran al neoliberalismo como uno de los máximos responsables de la crisis energética tanto en Centroamérica como en Latinoamérica, tesitura a la cual adhiero absolutamente. Las políticas adoptadas por sus respectivos gobiernos a partir de la década del 90 tienen como consecuencia la actual deficiencia de los servicios brindados por los proveedores de recursos energéticos, dejando como patrimonio apagones y racionamientos de energía a lo largo y ancho de los Estados. Las medidas diseñadas en pos de generar cambios estructurales de ajuste y estabilización, pueden encontrarse en los diez lineamientos del Consenso de Washington, que esencialmente plantean la privatización de las empresas estatales, la desregulación del mercado, los derechos de propiedad y la liberalización tanto del comercio internacional como de las inversiones extranjeras. En consecuencia, los sectores estratégicos - en este caso el de la energía - pasaron de estar regulados por el Estado a la liberalización del mercado quedando así reglamentado por la oferta y la demanda, lo que implica que el Estado ya no puede velar por los intereses de los ciudadanos mas carecidos por priorizar la apertura de su mercado a capitales extranjeros, con altas subas tarifarias como secuela ineludible. Costa Rica es una unidad de análisis muy peculiar ya que ha evitado transitar este sendero tan delicado durante la década anterior, pero entró en él recientemente tras la ratificación del TLC y la aprobación de la agenda complementaria. Resulta conveniente retomar, en particular, la Ley General de Telecomunicaciones que, como se explicó en párrafos anteriores, pretende romper con el monopolio estatal en el sector energético y el de las telecomunicaciones abriéndolos a la autorregulación del mercado con la participación de capitales extranjeros y entidades transnacionales.

 

La pérdida del control estatal en el sector energético más la volatilidad de los precios del petróleo y sus derivados causados por el incremento de la demanda, generaron una tendencia cultural en América Central y Latinoamérica: un nacionalismo que forzó a los gobiernos a adoptar medidas subsidiarias con el fin de evitar conflictos sociales, protegiendo a la vez al aparato productivo. Frente a esta situación, la respuesta de las transnacionales fue la retirada inmediata de la región arrastrando con ellas las inversiones extranjeras debido a la falta de seguridad jurídica originada por la escasez de capital y la insuficiencia tecnológica. Como consecuencia, la falta de inversiones, más la creciente demanda de energía en gran parte de la región, causada por la bonanza económica, resultó en la explosión de desabastecimientos energéticos a lo largo de la región.

 

La crisis energética costarricense esta compuesta por este conjunto de variables planteadas a las que se suma un componente político muy fuerte que ha polarizado a las posiciones. “Desde el punto de vista normativo, el ICE sólo debe preocuparse por satisfacer de la mejor manera posible la demanda de energía eléctrica(…)”, por lo que “(…)debería interesarse únicamente por obtener los ingresos que le permitan satisfacer la demanda de largo plazo, dado el esquema(…)” monopólico “(…)de producción actual. Sin embargo, sobre el ICE pesan otros intereses como son los políticos, que emanan de los intereses del Poder Ejecutivo e internamente por parte de los sindicatos” [1]. Desde principios de 2007 el país ha sufrido una serie de apagones en bastas zonas de su territorio por lo que el gobierno ha tenido que declarar una emergencia nacional exigiendo racionamientos en todo el país. Los sindicatos del ICE, ya desde 2003, pronosticaban una crisis de escasez como resultado de la política restrictiva del gobierno del entonces presidente Abel Pacheco, quien tenía por objeto que el ICE genere un superávit para hacer frente al déficit fiscal del país. Esto se traducía en recortes presupuestarios y trabas para los proyectos de inversión del Instituto, orientados principalmente a modernizar su infraestructura, por lo que los riesgos de desabastecimiento eléctrico se incrementarían. Tras una huelga y un intenso proceso de negociaciones se lograron reducir las pretensiones del gobierno, que pretendía evitar el exceso del gasto del ICE para impedir un desequilibrio macroeconómico en Costa Rica. La causa principal de las restricciones financieras impuestas al Instituto es evidentemente el interés de diversos sectores de mostrar al ICE como ineficiente, fundamento que concuerda con el objetivo oficialista de generar apertura en el mercado energético y en el de las telecomunicaciones. Desde el oficialismo adjudican la crisis energética a la falta de previsión y planificación por parte del ICE e incluso insinúan que los cortes de electricidad se deben a un intento de extorsión para lograr un aumento tarifario.

 

La realidad es que estos cortes sistémicos traen efectos adversos para la totalidad de la población costarricense, especialmente a los industriales quienes son los mayores usuarios de energía, utilizando una tercera parte de la energía eléctrica que se genera en el país.

 

Mientras tanto, este contexto representa una clara oportunidad para que las cámaras empresariales presionen para la apertura del mercado a entidades privadas como así también lo hicieron para la ratificación del TLC, donde jugaron un rol protagónico en la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Entre todas las demandas que se le hacen al ICE, fundamentalmente se le pide que explique cómo abastecerá al mercado con el objeto de reducir la incertidumbre y las consecuencias que el desabastecimiento eléctrico puede llegar a causar en el desarrollo del país, afectando tanto la calidad de vida de sus ciudadanos como la actividad del sector empresarial. 

 

Retomando los factores causantes de la crisis energética en la subregión, Costa Rica se ve críticamente afectada por las variaciones en las precipitaciones debidas al cambio climático. La energía eléctrica tica se nutre en un 90% de los ríos, los cuales han sufrido una reducción drástica de su caudal como consecuencia del fenómeno climático El Niño. El potencial de fuentes renovables de energía que caracteriza a la subregión queda en jaque por la embestida de este fenómeno ya que, al verse modificada la disponibilidad de dichas fuentes de energía - en este caso la hidroeléctrica -, los gobiernos priorizan la confiabilidad del abastecimiento importando energías fósiles con el fin de evitar subordinarse a la incertidumbre que acompaña a las fuentes renovables de energía.

Costa Rica es una excepción en la subregión, debido a que desde la década del 80 ha mantenido su dependencia de combustibles fósiles por debajo del 10%, experimentando decrecimientos en sus importaciones de petróleo. Son dos las razones por las que el gobierno tico mantiene esta postura; por un lado busca favorecer el uso de recursos renovables a fin de proteger el ambiente a través de una reducción de las emisiones de gases, propias de los recursos energéticos fósiles. El otro motivo para conservar esta política se fundamenta en el intento de reducir la dependencia de combustibles fósiles considerando la volatilidad del precio internacional del petróleo, por lo que no resulta un buen negocio para la balanza comercial costarricense seguir el paso de los estados vecinos.

 

Frente a esta situación de desabastecimientos generalizados en Costa Rica, se propondrán una serie de medidas, algunas de las cuales se orientarán al corto plazo a fin de atender al abastecimiento inmediato, otras para el mediano plazo y por último ciertas medidas para el largo plazo con el objeto de reducir la incertidumbre energética imperante no sólo en el país y en la subregión sino también presente en toda la región. Apuntando hacia el corto plazo, el ahorro de energía en hogares e instituciones del gobierno fomentado por un fuerte incentivo - reducciones tributarias a particulares principalmente - por parte del Estado para generar conciencia, es un paso fundamental para comenzar a mitigar la escasez energética. Otra disposición a tener en cuenta es el restablecimiento del cobro del factor térmico, éste era un cobro adicional a los consumidores para cubrir costos de la generación eléctrica con hidrocarburos, pero fue eliminado por las autoridades gubernamentales a través de la Ley N° 7823 en el año 1998, circunscribiendo de esta manera los recursos del ICE y generando dudas respecto a las intenciones del Ejecutivo, ya que cuadran con la política restrictiva oficialista implementada años más tarde para forzar un superávit en el ICE. La rehabilitación de este ingreso adicional para el ICE se traduciría en un incremento de las inversiones en infraestructura tan necesarias para el Instituto, dando lugar a una mayor previsibilidad del abastecimiento energético.   

 

En cuanto al mediano plazo, creo necesario fortalecer los estados contables y las estadísticas elaboradas por los funcionarios del ICE a fin de manifestar una transparencia tal que pueda resultar por un lado en un incentivo para invertir en el Instituto y por el otro, en un apoyo popular que respalde a esta entidad que desde mediados del siglo pasado tiene la responsabilidad de servirle energía a su comunidad y que tanto ha resistido a la ola de privatizaciones que definió a la región a lo largo de la década del 90.       

 

Finalmente, para el largo plazo tomo dos de las propuestas recientemente expuestas por el consultor energético internacional Álvaro Ríos Roca en una conferencia llevada a cabo en la Universidad Centroamericana de Nicaragua2. La planificación energética es una responsabilidad que el Estado nunca tendría que haber abandonado, siempre en miras del corto y largo plazo. Lo que acontece tanto en Costa Rica como en la región son políticas energéticas de corto plazo, elaboradas en función de necesidades urgentes o cuestiones meramente políticas que, como ya se analizó, fisuran la economía nacional y la seguridad de abastecimiento energético. Ríos Roca plantea tres tipos de planificación, adjudicando el tipo indicativo a aquellos Estados que optaron por la reforma estructural de ajuste donde su rol se limita al de indicar las rutas a seguir pero son los inversionistas quienes tienen el poder de tomar la decisión. Costa Rica se catalogaría en la planificación energética de tipo obligatoria, donde el camino trazado por el Estado debe ser acatado sin controversias, efecto de no haber adherido al régimen de privatizaciones a diferencia de la gran mayoría de sus vecinos. Y como tercer tipo de planificación se encuentra un modelo mixto entre los dos planteados. En conclusión, abrir la competencia del mercado energético a capitales extranjeros implica el riesgo de pasar a un tipo de planificación indicativa, independientemente de que el enfoque con el que el gobierno esta tratando la planificación vigente es desacertado en su totalidad, aseveración fundada en las acusaciones oficialistas de falta de planificación del ICE y en las políticas restrictivas que imposibilitan llevar adelante una programación previsible y objetiva.

 

Otra de las propuestas del consultor energético boliviano que creo necesaria para solventar el desabastecimiento costarricense es la eficiencia energética, es decir el uso inteligente y racional de ella. Tiene como indicador la reducción de la intensidad energética, dato desalentador para Latinoamérica, América Central y el Caribe. Uno de los problemas que enfrenta la región es que carece de tecnologías eficientes para economizar la utilización de energía. Más allá de ésta falta de inversión en tecnología y capital, la variable concientización es la condición previa por excelencia para que el gobierno impulse una política que sustente un programa a largo plazo, y que a su vez éste conduzca a resultados tangibles formalizándolos a través de la institucionalidad.

 

Por último, cabe volver a referirse al factor ambiental como el otro causante del desabastecimiento energético. La incertidumbre que golpea a la región en el mercado energético no se localiza exclusivamente en cuestiones económicas y políticas que afecten las proyecciones de abastecimiento, sino que los modelos climáticos que muestren los verdaderos impactos escasean, por lo que la necesidad de progresos continuos en éste aspecto resultan substanciales para facilitar los procesos de toma de decisiones para la elaboración de proyectos hidroeléctricos. Una adecuada adaptación al cambio climático no hace más que arrastrar consigo grandes beneficios económicos al reducirse las importaciones de combustibles, importantes redistribuciones dirigidas a los sectores sociales marginados y finalmente un gran respiro medioambiental como consecuencia del incentivo a utilizar fuentes renovables de energía.