La "colombianización": un nuevo paradigma para la política internacional de drogas
por Jorrit Kamminga, 11 de marzo de 2011
El año pasado, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper habló de la ‘colombianización’ de México, refiriéndose al creciente problema del narcotráfico y la violencia que arrasa el país. Desde el año 2002 también podemos hablar de la ‘colombianización’ de Afganistán con su enorme industria ilícita basada en el opio que sigue corrompiendo y desestabilizando el país surasiático. Este tipo de retorica política tal vez no ayuda a explicar bien o resolver el problema de las drogas pero sí es indicativo de la falta de progreso estructural en nuestra lucha contra las drogas ilícitas. La situación cada vez va de mal en peor y requiere urgentemente un nuevo enfoque de la política antidroga internacional.
Existen sobre todo dos problemas principales de la presente estrategia antidroga que nos han llevada al abismo actual. En primer lugar, nunca ha existido un consenso internacional sobre cómo tratar el problema de las drogas, sobre todo porque no hay una clara conceptualización y separación de las causas y los síntomas del problema. En segundo lugar, la responsabilidad mutua o compartida entre países productores y países consumidores hasta hace poco era un concepto establecido políticamente pero con escasa valor en la práctica. Estos dos problemas principales forman cara y cruz del mismo dilema y por eso tienen que ser resueltos conjuntamente en un nuevo paradigma para la política internacional de drogas.
La guerra entre el Gobierno mexicano y los poderosos carteles de la droga y las campañas de erradicación de los cultivos de la amapola en Afganistán tienen mucho en común: En ambos casos se trata de combatir sólo los síntomas del problema de las drogas. Del mismo modo, casos como las 105 toneladas de droga incautadas en México a finales del año pasado – en este caso marihuana – no ayudan a cortar el problema de las drogas en la raíz. Este tipo de acciones policiales ni siguiera tiene un efecto significativo sobre los precios y la disponibilidad de drogas en el mercado ilícito. De igual modo, atacar a los pobres agricultores de amapola porque los talibanes cada año sacan unos 90 millones de euros de la industria legal tampoco va a resolver el problema y sólo agravará la desilusión, la violencia y la inestabilidad en el país surasiático.
La política de la mano dura contra la oferta y la demanda de las drogas – especialmente cuando sólo aborda los síntomas del problema– ha fracasada continuamente en el pasado y no nos sirve con cara al futuro. Al final de octubre del 2010, Anand Grover, Relator Especial de la ONU en materia de la salud mental y física confirmó de nuevo que la criminalización excesiva y las medidas estrechamente represivas han fracasado y están relacionadas al abuso de los derechos humanos y la violación del derecho a la salud.
En cambio, lo que hace falta es una política de drogas basada principalmente en la salud pública. Sin demanda no hay oferta, así que la responsabilidad principal cae encima de los países consumidores como España donde la demanda para cualquier tipo de drogas parece insaciable. La cocaína que está consumida en este país proviene en gran parte de Colombia y incluso pasa por otros países o regiones como el África Occidental donde el tráfico de drogas también deja huellas destructivas en la cohesión y la estabilidad de esas sociedades en el camino hacia España.
Dentro de Europa, España sigue siendo entre los dos primeros países consumidores de cannabis, procedente de Marruecos y cocaína, procedente, sobre todo, de Colombia. Además, casi toda la heroína consumida en este país procede directamente de los cultivos de amapola en Afganistán. La heroína no está llegando a España porque los agricultores afganos a propósito quieren exportarla para intoxicar a los españoles. De nuevo es la demanda que produce la oferta, como en cualquier mercado normal y corriente. La única diferencia es el carácter ilegal de las drogas que añade un valor económico adicional a cultivos como la coca, el cannabis y la amapola.
Los Estados Unidos han dado los primeros pasos modestos hacia un nuevo paradigma de la política de drogas. En primer lugar, en junio 2009 cambiaron su política de drogas en Afganistán, quitando el apoyo a las campañas de erradicación y apostando por más desarrollo y más intercepción de drogas. En segundo lugar, por vía de un primer proyecto de ley del demócrata Eliot Engel, están intentando establecer una comisión para investigar y valorar la política antidroga estadounidense en la región latinoamericana durante los últimos 30 años. Sin duda, esta región es sinónima con el fracaso de la política antidroga internacional. Ahora los senadores Patrick Leahy, Robert Menéndez y Dick Lugar llevan esta iniciativa cuya resultado todavía está por ver.
Por último, los Estados Unidos han reforzado el concepto de la responsabilidad compartida en su política bilateral con México. En una visita de Hillary Clinton a México del marzo del 2009, la secretaria del estado reconoció la doble responsabilidad de Estados Unidos de fomentar la producción y el tráfico de drogas por causa de la vasta demanda de los estadounidenses, y además de proveer por vías clandestinas muchas de las armas utilizadas en México en la violencia cotidiana. En enero de este año repitió sus palabras en otra visita al país centroamericano: “Es importante para nosotros trabajar de cerca para frenar el flujo de armas ilegales y dinero que viene de una dirección (de EE.UU.) y de drogas en la otra dirección (de México)”.
La responsabilidad compartida en el tema del crimen organizado y el narcotráfico no sólo significa abordar el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, pero también requiere invertir fuertemente en el desarrollo rural y la seguridad de países con cultivos de drogas o en los que están localizados en las principales rutas de tráfico. En el caso de la relación bilateral entre EE.UU. y México, el principio de la responsabilidad compartida se ha expresado en la iniciativa de Mérida, un acuerdo internacional del 2008 para la zona de América Central que intenta combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, hasta ahora el impacto de este acuerdo ha sido muy limitado y la situación en México ha empeorada significativamente en los últimos tres años.
Cada vez más personas hablan de la posible legalización de las drogas. Pero dicha legalización o regularización de algunos tipos de drogas no es una solución del tipo ‘bala de plata’. Es verdad que la prohibición es la primera causa para la rentabilidad de las drogas de la que tanto los agricultores como los traficantes sacan beneficios importantes. Pero antes de todo, hace falta pensar bien en qué tipo de sistema de regularización puede evitar los efectos no buscados de un proceso de legalización. Además, necesitaríamos diferentes sistemas de control, distribución e información para diferentes tipos de drogas. Y para avanzar en el tema, primero hace falta llegar a un consenso al nivel internacional, dado el hecho que se trata de un problema que sólo se puede solucionar juntos al nivel de la entera comunidad internacional.
Pero antes de llegar a ese consenso, ya es útil y necesario entablar un debate constructivo en los años que vienen sobre nuevos modelos de control que son más realistas, pragmáticos y eficaces a la hora de abordar el problema internacional de las drogas. El actual debate ideológico y polarizado entre la prohibición y la legalización de las drogas no sirve para nada, ni ayuda a los cocaleros colombianos o los agricultores afganos ni a los millones de consumidores problemáticos que lamentablemente hay por todo el mundo.
Es una buena señal que los Estados Unidos parecen haber empezado lentamente con el entierro del hacha de la guerra ideológica contra las drogas. Es el primer paso en contra de la constante estigmatización tanto de los consumidores y los productores de drogas como de los cocaleros en Bolivia, Colombia y Perú y los agricultores de la amapola en países asiáticos como Afganistán, Myanmar y Laos.
Un nuevo paradigma de la política antidroga requiere más inversión en campañas de información y prevención, más fondos para el tratamiento y también unas medidas eficaces para la reintegración social de los consumidores problemáticos de drogas. Este nuevo paradigma tiene que combinar de una manera real y eficaz la responsabilidad compartida al nivel internacional entre países productores y países consumidores con la prevención y el tratamiento al nivel nacional y local.
Jorrit Kamminga es Director de Investigaciones del Consejo Internacional sobre Desarrollo y Seguridad (ICOS) con oficinas en Afganistán y participa en el programa de doctorado ‘La Europa de las Libertades’ en la Universidad de Valencia con una tesis doctoral sobre el papel de políticas de desarrollo económico y comercio en la reducción de la oferta de drogas en Colombia. En el presente año académico es investigador invitado en la London School of Economics (LSE).