La defensa en la era de la austeridad

Existen tres ópticas para poder afirmar si la política de defensa se ha basado en la austeridad en los últimos años o más bien si éste ha sido su estado natural.

Podemos analizar el peso del gasto total real en defensa sobre el gasto total del estado, para definir si se trata de una política priorizada o no por los sucesivos gobiernos. En este caso, si tomamos el ratio de gasto total en defensa (incluyendo todos los créditos extraordinarios, que incluyen operaciones en el exterior y programas especiales) sobre el total de gasto real del Estado, podemos ver que si en 2002, justo antes de las operaciones en Afganistán e Irak, el gasto en Defensa supuso un 6,26% del gasto total de la Administración General del Estado; en 2005 este ratio se había incrementado hasta el 6,45%; pero si excluyéramos el coste de las operaciones en Irak y Afganistán, el ratio se habría reducido al 6,12% del gasto total. Es decir en términos homogéneos esta política perdió peso sobre el total del gasto público en este periodo.

 

Al final de la era Zapatero, es decir siete años después, el gasto en defensa se había reducido hasta el 5,29%; excluyendo el coste de las operaciones, el porcentaje habría sido del 4,74% del gasto total. Es decir la tendencia continuó.

 

Finalmente en 2014 el porcentaje fue del 4,97%, y excluyendo los costes de operaciones en el exterior sería en 4,57%. En este último análisis hay que tener en cuenta que se produjo una contracción real del gasto público.

 

En definitiva el gasto en defensa ha reducido año a año su peso sobre el total de prioridades del gobierno desde 2002, siendo ésta una constante que se ha repetido desde 1989 en términos homogéneos. En términos porcentuales, aunque con escasas variaciones, los gobiernos del partido popular han priorizado menos la defensa que los gobiernos socialistas. Esto se repite en el periodo 1979-2015, aunque condicionado por las épocas en los que los sucesivos partidos gobernaron.

El segundo criterio consistiría en analizar el gasto total sobre la evolución del PIB, que mide el esfuerzo de la nación en su defensa. En este caso, también es clara la tendencia ya que mientras que el gasto público pasó de 110.450 millones de Euros en 2002 a 153.857 en 2014, aunque el pico fue en 2011 con 154.394 millones, es decir el gasto del estado ha crecido por encima de la media del PIB, el gasto total en defensa ha reducido su peso total del 0,92% del PIB en 2002 al 0,72% en 2014. También este fenómeno se repite desde 1989 con la excepción de 2006 y 2007 debido principalmente a los incrementos de gastos de personal producidos en esos años por la subida de sueldos del ministro Bono.

 

Finalmente el tercer criterio sería la óptica internacional, comparando en especial con el gasto que realizan los miembros de las organizaciones multilaterales de seguridad de las que somos miembros, y con el de nuestros vecinos más inmediatos.

 

En Europa solo hay un estado que gastó menos en su defensa que España en términos de PIB en 2014, Irlanda con un 0,48% del PIB, aunque el gasto por habitante está muy cerca del de España; sin que olvidemos que Irlanda fue rescatada financieramente con un severo programa de ajuste.

 

Por dar solo algunos datos relevantes, Francia y Reino Unido están por encima del 2% del PIB, Italia cerca del 1,5% y Portugal cerca del 1,2% del PIB. Hasta el Vaticano gasta en Defensa más que España en términos de PIB.

 

Si analizamos el esfuerzo de nuestros vecinos del sur, las diferencias son más notables. En 2014 Marruecos dedicó a Defensa el 3,78% del PIB y Argelia el  5,54%. El presupuesto de defensa de Argelia es superior al español con casi 9.000 millones de dólares y el de Marruecos está cerca de los 3.500 millones. Hace veinte años el presupuesto de Marruecos era la quinta parte del español, y el de Argelia la mitad.

 

En definitiva podemos concluir que la defensa en España pierde peso político y por tanto recursos presupuestarios, y que esta constante se repite desde 1993; que ha sido la política que más peso ha perdido en el total del estado en los últimos treinta años y que comparado con nuestro entorno, es la política del estado en la que existe mas diferencia de dedicación de gasto en relación con otros países.

En este papel he pretendido analizar la cuestión económica de la política de defensa en España bajo una triple perspectiva: de dónde venimos con el objeto de poder realizar una análisis de dónde estamos hoy, que sería un segundo apartado y finalmente hacia donde va la política de defensa en términos presupuestarios, bajo dos ópticas hacia donde va y hacia dónde debería ir a mi juicio, teniendo en cuenta el entorno político y económico.

 

Para evitar entrar en conflictos de qué se entiende o qué engloba la política de defensa, ceñiré los datos al ministerio de defensa y sus organismos autónomos, tomando tanto los datos presupuestados como los de ejecución final del presupuesto incluyendo todos los créditos extraordinarios habilitados durante cada ejercicio. Para el análisis de los denominados programas especiales se tomarán a su vez los datos de financiación de programas militares del ministerio de industria. El análisis ha trabajado tanto con las cifras iniciales de presupuesto como con las obligaciones finalmente reconocidas, lo que en lenguaje de la calle se llamaría el gasto real.

 

A menudo los análisis económicos del gasto en defensa se quedan en la superficialidad de los datos publicados y se analiza la composición del gasto y su evolución; pero difícilmente estos datos nos transmiten cuál es la realidad operativa de nuestras fuerzas armadas y qué nivel de seguridad nos proporcionan los distintos niveles de gasto en las diferentes categorías. En este papel se pretender ofrecer una análisis de las consecuencias de las decisiones en materia de gasto sobre nuestras capacidades reales, análisis absolutamente necesario para poder tomar acciones que corrijan deficiencias y evitar valoraciones lejanas de la realidad.

 

El gasto en defensa tiene una peculiaridad sobre el resto de las políticas públicas de un estado; su nivel de recursos depende o es una variable dependiente de los gastos militares de terceros países, ya sean nuestros aliados o nuestras potenciales amenazas o los que existen en nuestras áreas de interés. Si nuestro gasto en defensa creciera al 1% del PIB, podría ser mucho o poco en función de cuál sea el nivel de gasto que tengan otros países aliados o potenciales adversarios. Si pretendemos una superioridad militar sobre un vecino, estamos obligados en términos generales a gastar más que él. Hay países como Grecia que se resisten a bajar del 1,3% del PIB a pesar de toda su crisis económica porque percibe una amenaza de un vecino que realiza el doble de esfuerzo. Estados Unidos difícilmente puede aspirar a ser un líder hegemónico gastando “solo” el 3% del PIB, y seguramente Costa Rica puede sentirse muy seguro gastando el 0,5% del PIB.

 

Existe otro elemento esencial en cuanto al nivel de gasto, cuánto gastan nuestros socios en las organizaciones multilaterales a las que pertenecemos, tanto en sus presupuestos ordinarios como en las operaciones en el exterior. Cualquier organización internacional necesita de unas reglas claras de precios de pertenencia, menos en el campo de la defensa, donde se dan claros ejemplos de “free rider”. El principal déficit de la Alianza Atlántica y de la Política Europea de seguridad y defensa es la tremenda disparidad de gasto, lo que solo puede obedecer a intereses nacionales de seguridad que exceden de los que ofertan las alianzas militares internacionales.

 

El gasto en defensa está muy mediatizado desde comienzos de la década en España por la financiación de los denominados Programas Especiales de Armamento, que suponen todavía un importante lastre presupuestario para el ministerio y que coarta la capacidad de incorporar medios necesarios para los nuevos escenarios y sobre todo de reemplazar algunas capacidades esenciales que están en una situación crítica. Pero somos conscientes que sin este mecanismo las fuerzas armadas españolas hoy no existirían. Con los presupuestos ordinarios del ministerio de Defensa, España habría perdido la capacidad de transporte naval, fuerza aérea naval, aviación de combate, vehículos blindados etc. Con el presupuesto ordinario de estos años, nuestro país tendría en pocos años el equipo más obsoleto de Europa, incluyendo entre ellos a los países del Este, por no hablar de toda la tecnología y la industria de defensa que habría literalmente desaparecido.

 

 

El cuadro número 1 * contiene la evolución del gasto del ministerio de Defensa en el periodo 2002 a 2014, que he considerado un intervalo temporal suficiente para poder analizar algunos datos macroeconómicos y comprender la dinámica del gasto de los últimos doce años abarcando cuatro legislaturas diferentes.

* Los cuadros no se adjuntan al documento y se presentarán en el seminario.

La diferencia entre el presupuesto inicial aprobado cada año por las Cortes y el presupuesto final, se encuentra en las modificaciones de créditos realizadas a lo largo de cada ejercicio, ya sean para sufragar el coste de las operaciones en el exterior, pagos derivados de los programas especiales de armamento, o ampliaciones de algunas dotaciones insuficientes. Las obligaciones reconocidas son el gasto real de cada ejercicio. Todos los datos de gasto de las siguientes columnas son gasto real ejecutado. En algunos casos he obviado poner todas las cifras de cada año ya que se trata de ejemplificar un especial deterioro de algunos recursos y no presentar unos cuadros de mucha complejidad cuando se trata de apuntar tendencias.

 

Los gastos operativos constituyen el principal capítulo del presupuesto del ministerio de defensa ya que incluyen la mayoría de la nómina de las fuerzas armadas, gran parte de los gastos corrientes, alimentación, combustibles y contratación de servicios de todo tipo ligados directamente a la operatividad de los ejércitos. Los gastos de administración son básicamente de centros de apoyo administrativo y burocracia central y también absorbe los costes del personal en situación de reserva. Los datos se ofrecen en millones de euros corrientes, sin descontar el efecto inflacionario.

 

Un dato relevante es que desde 2002, solo creció el presupuesto en relación con el PIB en los años 2007 y 2008. Si el gasto total sobre el PIB en 2002 fue del 0,92% en 2014 fue del 0,72%.

 

El segundo cuadro incluye los datos en moneda constante de 2014. En este caso el presupuesto de defensa en 2002 ascendía a 8.359 millones de Euros y en 2014 a 5.745 millones de Euros, una reducción del 31%. En 2008 alcanzó su máximo de 9.496 millones de euros. Solo los créditos de inversión para el sostenimiento de los equipos y la infraestructura en términos constantes de 2014 han pasado de 1.040 millones de euros en 2007 a 271 millones de Euros en 2014. (-74%)

 

La relación entre material y personal se ha mantenido alrededor del 50% debido a los incrementos derivados en el presupuesto de las operaciones en el exterior y de los créditos extraordinarios para el pago de los Programas Especiales de Armamento. Si no hubiera sido por estos créditos, los costes de personal supondrían cerca del 70% del coste total del ministerio de defensa, como ocurre con los presupuestos aprobados inicialmente para cada ejercicio.

 

 

La comparativa del gasto internacional siempre resulta compleja por la gran variedad de componentes que existen. Por ejemplo, los sueldos en muchos países en desarrollo son tremendamente bajos de manera que países como Marruecos o Argelia dedican más de 40% de su presupuesto a inversiones, lo que les equipara con el nivel inversor de España en términos cuantitativos. En otros casos ocurre exactamente lo contrario como Noruega, donde los sueldos duplican de media los sueldos medios de Europa y triplican los españoles. Tampoco es igual la estructura de gasto público en cada país y por último el gasto per cápita debería tomar en consideración la paridad de poder de compra de cada estado; así, por ejemplo, en términos de paridad de compra el gasto per cápita de Marruecos de 98 euros se convertiría en 308 euros, muy superior a los 206 euros per cápita de España de España.

 

Los dos países europeos con presupuesto de defensa mas cercano al español en términos cuantitativos son Holanda con 7.598 millones de Euros y Polonia con 7.919 millones de Euros frente a los 7.647 de España. Obviamente se trata de dos modelos muy diferentes pero existen algunos datos que pueden ayudarnos a posicionar nuestro nivel de gasto.

 

Las fuerzas armadas polacas se componen de 100.000 efectivos y una reserva activa de 20.000 hombres; su ejército de tierra dispone de 68.700 efectivos. Es decir un nivel de fuerza inferior en un 20% al español. El presupuesto de inversiones supone un 25% del total del presupuesto frente al 22% de España. El número de plataformas operativas es menos de la mitad que España en aeronaves, buques y equipamiento terrestre. Los sueldos del personal son de media un 30% inferiores a los españoles.

 

Holanda dispone de 47.600 efectivos, comparado con los 120.000 aproximadamente de España y su número de plataformas es de media la mitad que España en la Armada y Ejército del Aire y una tercera parte en el caso del Ejército de Tierra. Sin embargo el porcentaje del coste de personal es enorme ya que las retribuciones militares son de las más altas de Europa.

 

Polonia dedicó a defensa en 2014 el 1,92% del PIB, casi el triple que España y Holanda el 1,16%., casi medio punto de PIB por encima. Si analizáramos el gasto de Holanda por superficie o habitantes, los datos resultarían de los más elevados en termino de esfuerzo de toda Europa.

 

 

Con esta denominación nos referimos a los 20 contratos firmados por el ministerio de Defensa entre los años 1997 y 2008 que cuentan con un sistema de prefinanciación del ministerio de industria que posibilita que el ministerio de Defensa sin pagar interés alguno pueda diferir los pagos sin que ello tenga impacto en las empresas contratistas ya que éstas solo deben pagar los créditos recibidos de Industria cuando paga Defensa. Estos programas suponen más del 90% del esfuerzo inversor del ministerio de defensa en el periodo citado

 

El importe total de estos contratos ascendía de acuerdo a su valor actualizado en 2009 a 26.757 millones de Euros (incluyendo el último contrato de helicópteros EC-135 por valor de 65 millones de Euros). De acuerdo con la situación en 2011, el último programa en terminarse era el A-400 M en el año 2022, mientras que en 2011 se habían terminado teóricamente siete de los veinte programas. Sin embargo los impagos de los créditos y las modificaciones contractuales obligaron a retrasar muchas entregas; también influyeron los retrasos en la ejecución de algunos proyectos, de manera que se debió realizar una evaluación real del importe de los programas, por lo que se dictaminó que a 31 de diciembre de 2012, el valor de estos programas ascendía a 33.345 millones de Euros, y de este importe Defensa había abonado 6.946 millones de Euros desde 1997, lo que dejaba una cantidad pendiente de pago de 26.399 millones de Euros.

 

El gobierno procedió a una reprogramación en 2013 con el fin de aplanar la curva de devolución, lo que se había realizado en tres veces con anterioridad para poder incluir nuevos programas, lo que teóricamente no tiene coste financiero. También procedió a renegociar algunos contratos modificando su alcance o plazos de entregas con el fin de retrasar pagos y en algunos casos como en el NH-90 para incluir el apoyo logístico que no se pudo incluir en el contrato inicial firmado en 2007 y que hubiera impedido que los helicópteros hubieran podido operar. Con todas estas modificaciones se consiguió reducir el importe hasta los 29.749 millones de Euros, casi unos 4.000 millones de reducción. Sin embargo no puede hablarse de ahorros cuando lo que se ha producido es una reducción en el alcance de los contratos; donde había 27 aviones ahora hay 18; donde había 262 Pizarros ahora hay 117,  o donde se iba  a homogeneizar la flota de Tigre con 24 HAD, hemos quedado con dos versiones HAP, los seis iniciales adquiridos de Francia y los 18 HAD adquiridos en España etc. Estas reducciones han producido un notable encarecimiento de las unidades finalmente adquiridas al tener que imputar los costes no recurrentes a un menor número de unidades adquiridas finalmente.

 

Las obligaciones de pago con el nuevo calendario se han extendido hasta el año 2030; es decir que si se cumple este nuevo calendario, Defensa deberá pagar los 22.000 millones de euros pendientes en los próximos quince años, a una media que supera los 1.500 millones de Euros anuales a los que habrá que añadir los ajustes por inflación y  por modificaciones de contratos.  También deberían añadirse los nuevos contratos firmados para el desarrollo de la fragata F-100 y los vehículos 8x8, que incrementarán este presupuesto en unos cinco mil millones de Euros adicionales.

 

El sistema de financiación tiene una ventaja notable, diferir los pagos del ministerio de defensa mientras que los préstamos del ministerio de industria no computan como déficit público. Los inconvenientes son que en primer lugar obliga a crear una estructura keynesiana de producción en España de equipos que adquiridos fuera de nuestras fronteras a sus fabricantes originales habría producido ahorros notables; esto es debido a que se utilizan préstamos de I+D para financiar a la industria española y por tanto las empresas extranjeras legalmente no pueden ser beneficiarios de estos préstamos; reduce la flexibilidad del ministerio de Defensa ya que todavía tiene que pagar sistemas diseñados en los años ochenta de manera que si ante una nueva amenaza se debieran desarrollar unos nuevos sistemas, estaría lastrado por las deudas de los proyectos pendientes de pago, y finalmente, limita las adquisiciones de otros sistemas que la industria nacional no puede producir, ya que los créditos restantes de modernización del ministerio de Defensa apenas llegan a los 5 millones para 2015, una vez descontados los créditos ya comprometidos de otros programas.

 

 

 

Los créditos presupuestarios para apoyo logístico en 2015 fueron inferiores en términos constantes a los de 1997 y en términos corrientes a los de 2006. Teniendo en cuenta que una gran parte de este presupuesto es para personal, debemos fijarnos para entender cuál es el impacto sobre la operatividad de los equipos en las inversiones en sostenimiento que implican repuestos, revisiones contratadas a la industria y la adquisición de equipos de apoyo a los sistemas operativos. Pues para darnos una idea, las inversiones para mantenimiento en 2007 fueron de 876 millones de Euros y en 2014 de 271 millones de Euros; es decir una reducción del 75%.

 

Estos nos lleva a la cuestión de qué capacidades realmente operativas tienen las fuerzas armadas españolas con los presupuestos actuales.

 

Para hacer una primera aproximación debemos comparar los créditos de sostenimiento y los operativos deducidos los costes de personal. En el caso de los costes operativos se incluye una amplia gama de gastos, pero entre ellos en el caso de las fuerzas todos los asociados a entrenamiento, maniobras, combustible. Es decir si la inversión en sostenimiento nos ofrecen una idea de la disponibilidad de los equipos; los costes operativos excluidos sueldos y salarios nos dan una idea de su uso, y del entrenamiento del personal.

 

En este sentido, los gastos de sostenimiento en costes corrientes excluido personal cayeron entre 2008 y 2015 un 33% los gastos corrientes y un 58% los de inversión. En el caso de los costes operativos, cayeron un 37% en 2015 respecto de 2008.

 

Teniendo en cuenta que los niveles de operatividad en 2008 no es que fueran excelentes, debemos concluir que la actual situación de operatividad de nuestras fuerzas armadas es muy reducida. En el caso de la Armada que es la fuerza más operativa tenía en el mar 16 buques y 1841 hombres el día de escribir este artículo de un total de 48 unidades, excluyendo las auxiliares y de formación. De las 11 fragatas cuatro estaban desplegadas en distintos escenarios lo que supone un esfuerzo gigantesco financiado gracias en gran parte a los presupuestos especiales de las operaciones en el exterior en las que los buques están desplegados.

 

En el caso del Ejército del Aire, los niveles de operación son menores, y excluyendo la flota de Eurofighter, algunas unidades de F-18 y los C-130 y C-295 de transporte, el resto de las unidades tienen índices de operación muy pequeños. El número medio de horas de vuelo de estas unidades medio está en las xx horas año, comparados con una media de 250 horas de otros países europeos. La escasez de repuestos ha resultado crítica en algunos momentos en estos últimos años. Solamente en 2015 se han recuperado, en un porcentaje pequeño, los niveles de operatividad.

 

Las unidades terrestres y en particular los sistemas acorazados, blindados y de artillería presentan también disponibilidades muy bajas.

La principal consecuencia de los bajos niveles de operatividad es el déficit de entrenamiento. En un supuesto de requerirse una movilización más generalizada de fuerzas, el tiempo necesario para tener una fuerza de tres brigadas o tres escuadrones aéreos a plena operatividad requeriría meses y una notable inversión para completar stocks y realizar reparaciones requeridas.

 

Sirva algún ejemplo para darnos una idea de dónde estamos en estas cuestiones. Si el presupuesto de operaciones excluido personal es de 253 millones de Euros en 2015.

 

 El coste de combustible de la hora de vuelo de un Eurofighter es 4.500 Euros. El presupuesto total de combustible del Ejército del Aire en 2015 es de 35 millones de Euros. Tener a toda la flota de combate volando 100 horas año ascendería a un coste de casi 50 millones de euros.  Es decir con la dotación de combustible actual el número medio de horas de las aeronaves estaría entre las xx al año de la flota de combate a XX horas año de la de transporte.

 

Si pensamos en la Armada con un presupuesto de combustible en 2015 de 8 millones de Euros, una nave tipo fragata estaría en unos costes medios de 35 euros por milla navegada lo que supondría para 24 horas de navegación, unos 28.000 euros que puede llegar a duplicarse para los buques de mayor envergadura o más antiguos que dan para unos 1.000 días de navegación al año sumadas todas las unidades, es decir para unas 50 unidades veinte días al año de media.

 

El Ejército de Tierra con casi 12 millones de Euros para gasolina tampoco tiene para muchas alegrías; y no solo porque en una hora un Leopardo se chupe 250 euros, sino porque el parque de automóviles supera las cuatro mil unidades, entre vehículos ligeros y pesados. Muchos de ellos muy antiguos y con consumos muy superiores.

 

En definitiva, los continuos recortes en el presupuesto que han afectado especialmente a las inversiones, operación y entrenamiento, han llevado a las fuerzas armadas, en cuanto a su material se refiere, a unas muy modestas tasas de inoperatividad. Según mis cálculos para cumplir con el número de horas de aeronaves, días de mar, maniobras etc.; con el actual presupuesto, a las fuerzas armadas le sobra más de la mitad de su equipamiento; y si esta situación se alarga, este porcentaje podría llegar al 75% en unos pocos años.

 

Pero la operatividad también requiere de una constante actualización tecnológica y de material. En esta línea debemos señalar los retrasos en el lanzamiento de algunos programas básicos para adaptarnos a los nuevos tiempos como drones, sistemas C4I ISR, la formación en vuelo etc. Pero el mayor hándicap actual es la falta de entrenamiento del personal, de manera que ante la eventual necesidad de activar un gran contingente, superior a unas cuatro brigadas o tres escuadrones o la flota de combate, serían necesarios meses de grandes esfuerzos en entrenamiento y formación e inversiones muy sustanciales, y dudosamente podría alcanzarse estos niveles.

 

España está a mi juicio al límite presupuestario para atender exclusivamente los compromisos internacionales y el control del tráfico aéreo; pensar en cualquier otro escenario es una utopía, con lo que ello implica en términos de disuasión y de solidaridad con nuestros aliados.

 

 

El futuro del presupuesto del ministerio de defensa está muy mediatizado por tres elementos, que podemos denominar costes fijos del presupuesto cualquiera que sea el nivel de ambición que se pretende alcanzar. El primer lugar, son los compromisos de crédito por las inversiones y en particular por los pagos derivados de los Programas Especiales de Armamento. Este calendario de pagos que se extiende hasta el 2030, implica una enorme aportación de recursos en los próximos años. El segundo elemento, es el coste de personal, que supone alrededor de un 70% del total del presupuesto inicial. La escasa evolución del número de efectivos en los últimos diez años nos lleva a la creencia de que no es previsible una modificación sustancial de este tipo de coste en los próximos quince años, de manera que un 70% del gasto está ya gastado si no se producen incrementos en otros capítulos.

 

El tercer elemento que condiciona el nivel de gasto es el número de instalaciones del ministerio de Defensa. Mantener abiertas y operativas un número tan elevado de centros afecta a los costes de operación de forma muy significativa. De hecho aunque se ha realizado un ejercicio enorme entre 2011 y el que culminará en 2017 con la reducción del número de centros de 1086 a 602 centros, todavía Defensa tendrá 600 centros o instalaciones que serán los que quedarán operativos al final de 2017.

 

El cuadro (8)  explica lo que sería la evolución normal del presupuesto hasta 2030 que sólo refleje el mantenimiento de la estructura de personal, el pago de los compromisos derivados de los programas especiales y los costes de administración. Este modelo no reconoce incrementos de los presupuestos de apoyo logístico ni de inversiones, resultando un modelo que nos obligaría a llegar a un presupuesto inicial en el 2020 a un 0,65% del PIB para luego reducirse ligeramente hasta el 0,61% del PIB en 2015, suponiendo un crecimiento constante del PIB del 2% en los próximos cinco años. Es decir para pagar lo que se debe y dejar todo lo demás igual, el presupuesto de defensa debe crecer por encima del 3% anual, por lo menos hasta el año 2022 y mantenerse constante en términos de PIB.

 

Ahora bien, qué implicaría alargar esta situación deficitaria hasta el 2030.

 

En primer lugar, no podría acometerse ninguna inversión nueva de manera que programas previstos como el reemplazo de los vehículos blindados, de las fragatas Santa María, de los aviones de entrenamiento (C-101, Tamiz y F-5) y de otras unidades menores no podría ejecutarse. Con este nivel de recursos tampoco se podría acometer el reemplazo de los aviones F 18 por lo que la fuerza aérea española quedaría con los 73 Eurofigther como único cazabombardero y con apenas presupuesto para unas cincuenta horas año por avión.

Tampoco podría renovarse material como misiles, sistemas de defensa aérea, naval, ni abordarse modernizaciones de otras plataformas como helicópteros que perderían su total operatividad. En este caso se encontraría toda la flota de Superpuma; Sea Hawk, Sea King y flota VIP. Las fuerzas armadas tampoco podrían acometer ningún programa de adquisición de nuevas tecnologías; los sistemas de control aéreo, defensa antiaérea, guerra electrónica, inteligencia, todas ellas capacidades básicas en el nuevo entorno estratégico quedarán obsoletos en la próxima década.

 

En cuanto a la operatividad y el mantenimiento, los niveles se reducirían a mínimos. Menos del 20% de la flota naval y aérea estaría en condiciones de operar y casi la totalidad de los vehículos acorazados y tácticos estarían parados. Ninguna de las grandes plataformas adquiridas bajo el concepto de los programas especiales podría sostenerse ya que sus costes conforme a sus programas de mantenimiento triplican la de las plataformas que sustituyen. La mitad de la flota de A 400 M, de EF-2000 quedaría en el suelo y un gran número de unidades terrestres y navales. Pensemos que los créditos para mantenimiento de helicópteros del Ejército por citar un ejemplo se han reducido en un 50% en los últimos diez años y sin embargo el coste de sostenimiento de un NH-90 duplica a un Cougar y el de un Tigre quintuplica a un BO-105. Es decir que solamente mantener los niveles de operatividad anteriores con estas nuevas plataformas requiere triplicar el presupuesto. Si éste se mantiene, apenas el 20% de la fuerza estará operativa.

 

 

Para poder abordar una propuesta, es necesario partir de la realidad y de ahí determinar qué nivel de fuerza y de capacidad deseamos para nuestras fuerzas armadas. Según mis estimaciones tener la estructura actual de fuerza operativa nos obligaría a incrementar el gasto en defensa en unos 3.000 millones de Euros. Nuestra estructura está más cerca de costar 10.000 millones de Euros que los 6.000 del presupuesto actual, sin incrementar los actuales niveles de gasto de personal.

 

Esta propuesta que planteo requiere en primer lugar de una voluntad política y un consenso que permita llegar a un presupuesto inicial del 0,85% del PIB como presupuesto de defensa en 2020 y mantenerlo en este porcentaje hasta el año 2030 y siempre que el PIB crezca por encima del 2% todos los años.

 

Implicaría disponer en los primeros cinco años de recursos extraordinarios para acometer inversiones que permitan reducir la infraestructura y generar ahorros a posteriori. Las fuerzas armadas deberían reducir el número de centros a unos 300, es decir la cuarta parte que había en 2012. Toda la infraestructura debería ser común a varias fuerzas.

 

En segundo lugar, se trataría de crear un presupuesto modular que permita su rápido crecimiento en caso de necesidad y en consecuencia alcanzar niveles de operatividad muy superiores en un escenario de tiempo razonable, escalonado entre un mes y seis meses. Para ello deben realizarse algunas modificaciones en plataformas adquiridas para dotarlas de mayor versatilidad y flexibilidad, lo que exigiría unas inversiones adicionales.

 

La clave está en congelar el presupuesto de Administración del ministerio en una cifra alrededor de 2.000 millones de Euros. Para ello debería reducirse el número de efectivos en unos 2.500 cuadros de mando que permitirían ahorrar unos 100 millones anuales y haber terminado este ajuste en 2020.

 

He evaluado la alternativa de reducir el número de tropa profesional desde unos 80.000 a 50.000 y crear una reserva disponible cercano al modelo norteamericano de guardia nacional o el suizo, pero los costes de movilizar y entrenar a este personal en reserva sería parecido al coste de tenerlos en las fuerzas armadas de forma permanente y con un entrenamiento diario, por lo que he desechado la idea.

 

Este modelo que se propone permitiría reducir los cuadros de mando para el final de la década siguiente a unos 35.000 y unos 80.000 efectivos de tropa profesional lo que permitiría un ahorro de unos 600 millones en la nómina de personal, y podría dedicarse en torno a 200 millones anuales para mejorar las condiciones retributivas del personal y un ratio de mando/tropa profesional más cualificado que el actual.

 

En cuanto a la parte operativa significaría dejar pre posicionado y preservado con un mantenimiento mínimo, un número muy significativos de vehículos y aeronaves, en torno al 50%, y centrar la operatividad en las unidades más modernas y eficientes y con mayor probabilidad de uso (EF-2000, A-400M, Pizarro, NH90 y Chinook,). Carros de combate, artillería, F 18 podrían dejarse en este estado de pre-posicionamiento con niveles mínimos de mantenimiento, centrando la operatividad en las unidades mas disuasorias y de mayor probabilidad de despliegue y superioridad.

 

Finalmente este supuesto permitiría comenzar en los próximos años la renovación y adquisición de capacidades esenciales, desde la defensa antiaérea, ISR, C4I, GEL, Avión de entrenamiento, reabastecimiento en vuelo, fragatas y patrulleros, aviación embarcada, helicópteros, aviones no tripulados y buques de apoyo logístico. Una inversión estimada en otros 26.000 millones de Euros para los próximos veinte años para no perder más capacidades y disponer de unas fuerzas armadas preparadas para los conflictos y necesidades hasta mediados de siglo; adquisiciones que deberían continuar acogiéndose al sistema de financiamiento de industria, ya que continuar abonando los pagos de los actuales programas y abordar a la vez otros nuevos con el presupuesto del ministerio de Defensa requeriría incrementar el presupuesto en unos 1.500 millones de Euros anuales para modernización, es decir multiplicar por diez los actuales.

 

En conclusión, la próxima legislatura es el límite para poder abordar una reforma en profundidad del ministerio y de las fuerzas armadas; con un incremento de los presupuestos de Defensa que permita mejorar los niveles de operación; el mantenimiento y en consecuencia la seguridad de nuestros hombres y disponer de una fuerza de disuasión propia y solidaria. Tampoco se trata de un gran esfuerzo ya que España seguiría siendo el país que menos gastaría de Europa, muy lejos de los países a los que deberíamos parecernos, pero si la política no permite a la defensa ir más allá; al menos debemos garantizar una estructura realista y asumible.