La reforma del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa fue creado en 1978 con el objetivo de centralizar la dirección de la política de defensa  e integrar los tres Ministerios militares existentes hasta aquel momento. La experiencia de estas dos últimas décadas ha demostrado el acierto histórico que supuso aquella decisión, tanto en términos de articular de forma adecuada la autoridad política sobre la fuerza militar, como la homologación de nuestras estructuras de defensa con el resto de nuestros socios y aliados como, finalmente, en la racionalización de los procedimientos para la formulación de nuestra política militar. 

 

Veinte años después de aquella decisión, ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a la organización del Ministerio de Defensa para lograr una verdadera integración de todos los elementos comunes que comparten las Fuerzas Armadas con el Órgano Central del Departamento. En este sentido, hay que reconocer que aún hoy, a pesar del mucho camino recorrido, no se ha conseguido el grado de integración necesario, las estructuras del Ministerio no son capaces de ofrecer respuestas rápidas a los profundos y acelerados cambios que sufre el entorno estratégico y la evolución tecnológica actual y el departamento resulta aún no suficientemente eficiente en la dirección y gestión de nuestra política de defensa.

 

Es necesario, por tanto, una reforma profunda del Ministerio de Defensa que permita lograr un Departamento más integrado, más ágil y más eficiente. Las tres líneas de reforma que se proponen son:

 

·      Racionalizar las competencias de los distintos órganos.

·      Reforzar la dirección política de las Fuerzas Armadas.

·      Potenciar las estructuras conjuntas de gestión.

 

 

El Ministerio de Defensa ha tenido desde su creación una distribución de competencias atípica en la Administración Central del Estado. Así, el reparto de tareas entre la Secretaría de Estado de Defensa y la Subsecretaría del Departamento no ha respondido a la naturaleza política o administrativa de la competencia, sino a un criterio funcional mediante el cual la Secretaría de Estado se ocupaba de la política de recursos materiales, mientras que la Subsecretaria era responsable de la política de personal, además de otras funciones horizontales propias de este órgano, como la asesoría jurídica, la intervención y la coordinación normativa.

 

Esta dualidad de órganos políticos con distinto rango resulta no sólo atípica, sino que se ha demostrado con el paso del tiempo poco racional e ineficiente. La definición de la política de defensa debe ser integral, tanto en sus aspectos materiales como de personal. Así, la Secretaría de Estado de Defensa, bajo la dependencia directa del Ministro, debe ser el órgano fundamental de elaboración y dirección de la política de Defensa, mientras que la Subsecretaría debe ser un órgano de mera administración y gestión, tal y como ocurre en el resto de los departamentos.

 

Esta nueva división de funciones implica que la Secretaría de Estado de Defensa incorpore una nueva Dirección General de Política de Personal que se ocupe de la planificación de los recursos humanos, el desarrollo de las directrices fundamentales de la enseñanza militar y la dirección política del proceso de profesionalización.

 

Por el contrario, la Subsecretaría debería asumir funciones puramente de gestión hoy encuadradas en la Secretaria de Estado, como la gestión económica o la elaboración y control del presupuesto, así como mantener en su seno la gestión tanto del personal civil como aquellas que le correspondan del personal militar, además de mantener todas sus funciones horizontales actuales.

 

 

La estructura actual del Ministerio de Defensa deja al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire como entes casi independientes y al margen de la estructura orgánica y funcional del Departamento. Sin embargo, la necesidad de una acción conjunta en toda operación militar futura y la necesidad de una integración cada vez mayor en todos los ámbitos de gestión, hace que esta dependencia directa de los tres Cuarteles Generales del Ministro de Defensa, como entes casi independientes del resto de la estructura del departamento, carezca cada vez más de sentido.

Los ejércitos deben pasar así a mantener una doble relación. Por un lado, el JEMAD, bajo las órdenes directas del Ministro, debe ejercer con mayor intensidad la coordinación de los aspectos operativos de todas las fuerzas militares. Por otro, el Secretario de Estado debe asumir de forma directa la dirección política de los Cuarteles Generales como órganos gestores de la política de personal, de material, tecnológica y de infraestructura producida por la Secretaria de Estado. Esto significa que los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos pasarán a depender directamente del Secretario de Estado de Defensa.

 

Por otro lado, la Dirección General de Política de Defensa debe aumentar su rango político, en concordancia con lo que ocurre en la mayoría de los departamentos de defensa de nuestros aliados. En este sentido, existen dos posibilidades: integrar esta Dirección General en la Secretaría de Estado de Defensa, para que ese mayor rango lo ostente directamente el Secretario de Estado, o elevarla a Secretaría General de Política de Defensa, manteniendo su dependencia directa del Ministro. La segunda opción sería más apropiada, pero está en función de la disposición del Gobierno a crear una nueva Secretaria General.

 

En tercer lugar, parece conveniente que el Centro de Inteligencia Militar que se propone crear mantenga una dependencia directa del Ministro de Defensa. Esta dependencia directa permitirá un mejor control político de las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y proveerá al Ministro de la información necesaria para adoptar las decisiones que le corresponde en materia de política de defensa y política militar. Esta dependencia no será óbice, en cualquier caso, para que la información generada por este Centro pueda llegar a los distintos mandos militares.

 

En esta misma línea de reforzar la dirección política del Departamento, aunque en un orden menor de cosas, es necesario reforzar el Gabinete del Ministro como un órgano de apoyo esencial de éste en el desempeño de su tarea. Así, el actual Gabinete Técnico, la Oficina de Relaciones Sociales e Informativas de la Defensa y el Instituto Español de Estudios Estratégicos deberían pasar a depender directamente del Director del Gabinete del Ministro.

 

 

La creación del Ministerio de Defensa ha supuesto la superposición de una macro-estructura sobre las tres administraciones independientes pre-existentes en cada uno de los Cuarteles Generales. No es suficiente, por tanto, avanzar sólo con decisión hacia la acción conjunta de los Ejércitos en el campo operativo, sino que es necesario avanzar también hacia una gestión conjunta de los escasos recursos disponibles, de forma que se evite la duplicación de estructuras y permita aprovechar sinergias y economías de escala en el conjunto del Departamento.

 

Para lograr este objetivo se propone, en primer lugar, potenciar y reforzar la Gerencia de Infraestructura, para poder así asumir toda la gestión y el mantenimiento centralizado de las infraestructuras de las Fuerzas Armadas.

 

En este mismo sentido, se recomienda la creación de una Gerencia de Armamento y Material, integrada en la Dirección General de Armamento y Material, que asuma de forma conjunta la adquisición y el mantenimiento de todos los sistemas de armas y equipos con los que están dotados los tres ejércitos.

 

Por otro lado, sería preciso crear en el seno de una nueva Dirección General de Tecnología para la Defensa, dependiente a su vez del Secretario de Estado de Defensa, un Instituto de Tecnología Militar que integrase bajo una sola estructura todos los organismos de investigación y desarrollo de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa (INTA, Canal de Experiencias Hidrodinámicas, laboratorios).

 

Finalmente, sería necesaria la creación de una Gerencia de Comunicaciones, dependiente también de la Dirección de Tecnología para la Defensa, y que a modo de operadora interna, asumiera e integrara la gestión conjunta de todas las telecomunicaciones del Departamento y permitiera dar respuesta a los retos que la sociedad de la información plantea a las Fuerzas Armadas.

 

Todas estas estructuras conjuntas tendrían un estatuto jurídico de organismos autónomos, lo que les daría mayor agilidad en su capacidad de gestión, y se constituirían como grandes prestadores de servicios comunes para las Fuerzas Armadas en el campo de las infraestructuras, el armamento y material, las comunicaciones o la investigación y desarrollo.

 

La creación de estos organismos prestadores de servicio no sólo permitirá racionalizar la utilización de los recursos, crear sinergias y economías de escala entre los tres Ejércitos, sino que además facilitará un proceso de desburocratización de las Fuerzas Armadas, que deben volcar todos sus esfuerzos en alcanzar las mayores cotas de operatividad y eficacia posibles.