Autor: Miguel Ángel Quintanilla Navarro

El concepto “centro político” se ha convertido en los últimos meses en el núcleo del debate que tiene su origen en la derrota del Partido Popular en las elecciones de marzo. No obstante, la importancia ideológica que se le concede y las virtudes electorales que se le suponen no evitan que se trate de un concepto en extremo impreciso y polémico.

Visto lo que ya se ha llegado a hacer con la Constitución en la mano y lo que quizás se llegue a hacer en el caso de que el modelo estatutario impulsado por el Gobierno no sea contundentemente rechazado por el Tribunal Constitucional, es comprensible que se piense en la necesidad de proceder a una reforma constitucional que ajuste el sistema a lo que “parece ser” el deseo mayoritario de los españoles.

Desde que se inició la legislatura en 2004, el Gobierno, el PSOE y sus socios han tratado de modificar el panorama político español esforzándose por excluir al PP de los debates, los acuerdos y las políticas. Al menos desde el Pacto del Tinell, ésa ha sido la intención explícitamente declarada y efectivamente realizada.

El Gobierno ha sembrado dudas sobre el poder judicial, y existe una incómoda sensación, acentuada por la imagen publicada, de que se trata de un asunto sobre el que no tenemos muy claro lo que debemos hacer.

Los españoles deberían perder toda esperanza de ver el fin de ETA. El horizonte político se aclararía mucho si realizáramos ese ejercicio colectivo.

Es un grave error creer que la bomba de Barajas termina con la legislatura: al contrario, esa bomba ha situado al PSOE en la necesidad de abandonar una negociación imposible -con ETA- e intentar otra que es posible -con el PNV.

¿Es lo mismo un partido que condena y combate la violencia política que uno que se sirve de ella? No, si nos atenemos a la preservación de los derechos políticos; sí, si nos fijamos sólo en la obtención de votos en las elecciones. ¿Son iguales las elecciones en Madrid y en Bilbao? No, si consideramos el hecho de la brutal agresión que padece la oposición constitucionalista en el País Vasco, pero sí, si la obviamos.

Nada indica que lo que Zapatero está haciendo con ETA o con los Estatutos le esté reportando beneficios electorales. De otro modo, no parece que la opinión pública española sea tonta, aunque puede que sea un poco lenta o que ande distraída.

Puede ser útil proponer un modo de encarar el problema que obligue al Gobierno y a la propia banda terrorista a revelar sus verdaderas intenciones con una propuesta sencilla: que la reforma del marco jurídico autonómico sólo pueda abordarse dentro de dos legislaturas completas.

El Gobierno dice estimar mucho a las víctimas, tanto que su primer deseo es que no haya más, por eso negocia. Pero si para que no haya más hay que negociar, entonces es que si no se negocia habrá más.